Procesaron a policías y a manifestantes por la marcha del 18 de diciembre
Un agente quedó preso y los activistas fueron liberados. El juez reclamó que se establezca un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad.
Manifestantes arrojan piedras contra las fuerzas de seguridad frente al Congreso.

El juez federal Sergio Torres dictó este martes los procesamientos de dos policías y de dos manifestantes que fueron hallados responsables de diferentes delitos cometidos durante la marcha del 18 de diciembre pasado en el Congreso, en el marco de la protesta contra la Reforma Previsional.

El magistrado procesó y mantuvo con prisión preventiva a Dante Barisone, el motociclista de la Policía Federal que pasó por arriba del cuerpo del cartonero Alejandro Rosado, quien sufrió quemaduras y lesiones en su tórax.

El agente declaró que pisó sin intención a Rosado producto de un resbalón que tuvo porque se le cayó la moto.

Torres procesó a Barisone por haber sido el autor de "lesiones graves, agravadas por abuso de su función como miembro integrante de las fuerzas de seguridad".

El policía continuará detenido porque para Torres ha intentado entorpecer la investigación cuando le envió mensajes al policía Alejandro Irarzábal para evitar que declare.

En su declaración, Irarzábal identificó a Barisone como quien había pisado a Rosado con la moto: él iba en el asiento trasero del vehículo.

El juez también procesó al policía motorizado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alfredo Luna, quien aparece en imágenes tirándole gas pimienta y golpeando al jubilado Juan José Puchet durante la misma marcha.

Para el magistrado, el efectivo de seguridad "deliberadamente arrojó gas pimienta en reiteradas oportunidades y luego golpeó con su tonfa por la espalda a Puchet, quien no se encontraba llevando a cabo ningún accionar ilícito, por lo que la actitud desarrollada por Luna de ninguna forma se encuentra comprendida dentro de las facultades preventivas ni represivas que posee la fuerza policial, tratándose en consecuencia dicho suceso de un claro abuso funcional". Luna fue procesado por el delito de abuso de autoridad y está en libertad.

Ambos policías- que negaron los hechos- fueron identificados por otros agentes que en Tribunales revelaron sus identidades.

Esos testimonios fueron fundamentales para los procesamientos. A Barisone le dictaron un embargo de $ 100.000 y a Luna de 50.000 pesos.

En una de las dos resoluciones que firmó, Torres también procesó a los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce, quienes aparecen en diversas imágenes de aquel día agrediendo al policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Brian Escobar.

En la resolución de Torres explica que el policía de la Ciudad tuvo las siguientes lesiones: "Esquimosis, escoriaciones y hematomas múltiples y de diversa índole, fractura temporal izquierda desplazada -que tuvo que ser reducida por procedimiento quirúrgico el día 19/12-, fractura cerrada de cráneo sin lesión intracraneal, fractura de hueso temporal izquierdo a nivel de la apófisis mastoides, hemotímpano izquierdo, hipoacusia perceptiva con mayor compromiso en frecuencia 2000 -que podría relacionarse con la lesión craneana-, pero sobre todo debe ponderarse que la disminución en la audición resulta irreversible".

Los militantes del Partido Obrero fueron procesados por ser autores de "lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas".

En su resolución, el juez destacó que el artículo 95 del Código Penal de la Nación establece que, "cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los arts. 90 y 91 [graves y gravísimas], sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido...".



Represión en el Congreso. Foto: Télam


Torres señaló que "la irrupción de un grupo de personas (entre ellos, Arakaki y Ponce) en la Plaza de los Dos Congresos, en actitud provocadora, con sus caras tapadas, portando elementos intimidantes e incompatibles con el motivo de la manifestación, generaron en el resto de los convocados, en el personal de la Defensoría del Pueblo y de las fuerzas de seguridad, un recelo tal que los llevó a mantener distancia y retroceder. Al mismo tiempo, tales conductas motivaron un desarrollo posterior de disturbios, corridas y una situación de caos generalizado. Estos aspectos permiten tener por acreditada la existencia de una voluntad común y subyacente de parte de los causantes. A mi juicio -concluyó Torres- ha quedado probado que el grupo en el que se encontraban Arakaki y Ponce tuvo, desde un primer momento, un despliegue orgánico: recuérdese que estas personas acudieron a la Plaza de los Dos Congresos ya provistas de armas y explosivos de factura casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que luego destruyeron el espacio público para proveerse de piedras; y que respondían a las indicaciones de ciertas personas identificadas como "líderes", evidenciando un actuar coordinado".

En la misma resolución en la que los procesó, Torres determinó que Arakaki y Ponce deben ser liberados debido a que no se pudo demostrar que fueran ellos los causantes de las graves lesiones que tuvo el policía Escobar.

A Arakaki le dictaron un embargo de $ 300.000 y a Ponce uno similar. Fueron liberados bajo caución juratoria. Ambos deberán presentarse todos los meses en el juzgado y no ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas. Torres conminó a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que identifique a los autores de la agresión a Escobar.

A la misma fuerza de seguridad le pidió que determine quiénes fueron los agresores del periodista del TN, Julio Bazán. Aún no se ha logrado avanzar en ese caso, uno de los varios bajo investigación como consecuencia de lo sucedido el 18 de diciembre pasado.

Ante la gravedad de lo sucedido-represión policial y agresiones por parte de manifestantes- el juez también pidió en la resolución que el "Gobierno Nacional-en sus esferas Ejecutiva y Legislativa- para que siguiendo los lineamientos internacionales, procedan al dictado de toda normativa por la que se articulen aquellos derechos que entran en juego, en el marco de una protesta social, y se proceda a su cumplimiento, lo que importará, en definitiva, garantizar de igual forma los derechos que corresponden al manifestante, al personal policial y a los terceros ajenos tales como periodistas, comerciantes y transeúntes, etc".

Fuente: Infobae


 

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