En Venezuela denuncian que Nicolás Maduro envió 2,1 toneladas de oro a Emiratos Arabes Unidos
Lo reveló el Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Bajo protección militar, los lingotes viajaron al país del Golfo en un Airbus especial.
Nicolás Maduro muestra lingotes de oro durante un acto político. En 2012, Hugo Chávez había repatriado 260 toneladas de oro de reservas. Foto: Reuters

Acorralado por las sanciones internacionales y la presión local de una economía devastada, el gobierno de Nicolás Maduro decidió sacar las pocas reservas en oro que le quedan a Venezuela y protegerlas en bancos del otro lado del mundo: Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El miércoles por la noche, cuando el país caribeño estaba convulsionado por la muerte de 68 presos durante un motín en una comisaria del estado Carabobo, efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) llevaron a cabo un operativo secreto para trasladar 2,1 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, desde donde un vuelo especial las llevó a los Emiratos.

Según denunció Javier Ignacio Mayorca, del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, los lingotes de oro fueron distribuidos en 57 cajas que un Airbus A6-RRJ se encargó de trasladar ​a la monarquía del Golfo Pérsico.

Hay que tener en cuenta que Emiratos Árabes Unidos -integrado por Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn- integra la lista de paraísos fiscales elaborada por las autoridades de la Unión Europea.

Lo extraño de la maniobra de Maduro con el oro es que contradice una medida adoptada hace casi siete por Hugo Chávez.

A principios del 2012, el líder venezolano hizo lo contrario: repatrió el oro venezolano depositado en bancos del exterior para evitar las "turbulencias" de los mercados internacionales.

Se trataban de 360 toneladas, unos 19.000 millones de dólares, que depositó en el Banco Central. Según la oposición, de esa riqueza ya queda poco y nada.



Nicolás Maduro con un lingote de oro.

Esta operación del régimen venezolano se da en un momento crucial, donde las sanciones internacionales están afectando seriamente a sus gobernantes, y dificultan el manejo de fondos en el exterior.

Estados Unidos aumentó a mediados del mes pasado la presión contra Venezuela al adoptar sanciones contra cuatro funcionarios venezolanos y prohibir a estadounidenses negociar la criptomoneda lanzada en febrero por Caracas, el petro.

Venezuela, sumergido en la recesión e hiperinflación, había lanzado el petro como parte de sus esfuerzos para reestructurar su enorme deuda externa, una parte de ella en default, estimada en unos 180.000 millones de dólares.

Para colmo, esta semana Panamá incluyó al presidente Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de "alto riesgo" para cometer blanqueo de dinero, por lo que recomendó a bancos u otras entidades a extremar la supervisión de transacciones que involucren a esas personas.

Es la primera vez que Panamá -con uno de los centros financieros y de negocios de servicios más importante en América Latina- emite una resolución de este tipo que involucre a Maduro y varios de sus colaboradores más importantes.

Además del Presidente, en la lista panameña aparecen Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo; la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab; varios ministros del gobierno, entre ellos el jefe de la cartera de Interior Néstor Reverol, y Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.

Todas estas medidas aislaron al gobierno de Maduro, cuyas finanzas están en rojo ya que su principal sustento, la producción petrolera, está en franco declive.

Con recesión desde 2013, sus reservas internacionales se encuentran en niveles históricos, por debajo de los 10.000 millones de dólares. El desplome económico venezolano es inédito para países productores de petróleo.

Los especialistas atribuyen la situación en parte a la profusa emisión de dinero sin respaldo monetario (reservas) y a la política de controles de cambio y de precios (vigentes desde 2003), además del ambiente hostil propiciado por el gobierno de Maduro contra la propiedad privada, que expulsó a los inversores.


 

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