Corrupción K: Aceptan la apelación de la AFIP por el fallo que benefició a Cristóbal López
Lo decidió la Cámara Federal. Ahora, Casación deberá definir la situación judicial del empresario kirchnerista y si vuelve a prisión como pidió un fiscal.
El empresario kirchnerista Cristóbal López se retira de los Tribunales Comodoro Py. Foto: Clarín

La Sala I de la Cámara Federal porteña hizo lugar a la apelación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre la modificación del delito atribuido a Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en la causa donde se investigó la deuda de 8.000 millones de pesos de Oil Combustibles SA con el fisco.

Además, se concedió el recurso del fiscal Germán Moldes que pidió la detención de los tres procesados.

Ahora será la Sala I de la Cámara de Casación la que resuelva la situación del empresario K, su socio y del ex funcionario de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apeló el 26 de marzo el fallo que liberó y mejoró la situación procesal del empresario Cristóbal López por la multimillonaria deuda de su empresa Oil Combustibles con el fisco.

"Resulta muy importante para consolidar una ciudadanía fiscal responsable que se apliquen con todo rigor las sanciones penales correspondientes a quienes han defraudado al Estado de modo tan ostensible y desprejuiciado", indicó en su escrito el abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra.

La apelación fue contra la decisión de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero de modificar la acusación contra López, De Sousa y Echegaray: los jueces los encontraron responsables del delito de retención indebida de tributo y no de defraudación al Estado como había resuelto el juez de la causa Julián Ercolini.

Esta modificación también se reflejó en la medida cautelar, Ercolini había trabado un embargo de 17.000 millones de pesos a cada uno de los imputados, mientras que los camaristas decidieron que la cifra por la que debían responder con sus patrimonios es de 8.945 millones de pesos.

El cambio de la cifra embargada también fue refutada por la AFIP.

"La cuestión de la calificación legal había sido resuelta por la Cámara de Casación hace pocos días" y cuestionó que el tribunal compuesto por Farah y Ballestero "de modo inexplicable desoyó lo resuelto por el superior y volvió a calificar los hechos".

Ello, de acuerdo con el abogado de la AFIP, "importó abrir el camino para que la acción penal se extinguiera y, de ese modo, todo concluyera en la más absoluta impunidad".

Ante este planteo el juez Leopoldo Bruglia entendió que correspondía entendió que correspondía hacer lugar al recurso de apelación, ya que el cambio de calificación "podría acarrear en la especie -y entiendo que existe una alta probabilidad de que así suceda- la extinción de la pretensión punitiva incoada y consecuentemente, frustrar las expectativas exteriorizadas por la AFIP -en su doble rol de querellante y actor civil- y por el titular de la vindicta pública".

El camarista que se opuso a excarcelar a López y a De Sousa, además observó que ante "el derrotero que podría tener esta causa -con motivo de extinguirse la acción penal en los términos señalados-, implicaría dejar trunco este proceso, sin una decisión jurisdiccional que resuelva sobre el fondo del asunto planteado por las partes recurrentes, en orden a establecer la verdad material sobre el suceso investigado y determinar en su caso las responsabilidades que correspondan".

Por su lado, el juez Ballestero cuestionado por la AFIP en su rol de querellante, entendió que en la apelación donde se habló de un "sobreseimiento encubierto", se advierten "serias deficiencias, a efectos de no cercenar el escenario que corresponderá ponderar el Superior, ni acallar a los actores que en ese marco pueden desenvolverse, también voto por conceder su recurso", sostuvo.

Ambos camaristas coincidieron en hacer lugar de igual manera, al recurso del fiscal ante la Cámara Germán Moldes quien pidió la prisión preventiva para López, su socio y para el ex titular de la AFIP durante el gobierno kirchnerista.

Ahora, será la Sala I la que deberá decidir sobre la situación procesal de los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray.


 

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